Es una de las principales conclusiones a la que llegaron los participantes de los Talleres de Fortalecimiento de Liderazgos contra el Racismo y la Discriminación, realizado en 5 ciudades de nuestro país y la persistencia de este problema pone de manifiesto la manera en la que el Estado se relaciona con quienes integramos el Perú, al no existir una política pública de trato igualitario y de respeto con la población indígena.
Se podrá argumentar que este maltrato de los servidores públicos se da por igual en diferentes lugares y no únicamente con poblaciones indígenas, pero entonces la pregunta es ¿por qué este maltrato?
La estructura sobre la que se ha establecido la sociedad peruana es profundamente discriminadora y jerárquica, en donde quien tiene un lugar o “puesto” lo utiliza para acentuar estas jerarquías y diferencias, para establecer un “soy mejor” que disipe o alivie el trauma de haber sufrido esta jerarquía en carne propia. Es un ejercicio de violencia mediante el cual se afirma la satisfacción de tener poder, pues muchas veces el servidor público no es tan diferente en rasgos físicos de quienes discrimina.
El problema es que estos comportamientos son sistemáticos, es decir, no están referidos a un solo ámbito, sea este salud, educación o justicia, sino en todos los ámbitos públicos y privados (como los bancos y empresas) y frente a los cuales el estado no realiza ninguna acción sostenida, y han sido las organizaciones indígenas quienes muchas veces han realizado foros con funcionarios públicos para expresarles su malestar.
El uso de idioma originario, la implementación de servicios que respete prácticas tradicionales y la incorporación de los aportes culturales indígenas en la enseñanza regular en todos los colegios (no solo en áreas rurales) son algunas de las demandas de las organizaciones indígenas.
Para establecer las múltiples formas en la que se manifiesta las prácticas discriminatorias los Observatorios Indígenas han establecido planes de trabajo que contemplan el monitoreo y vigilancia a determinados servicios públicos de su localidad para establecer patrones y pautas y sustentar así el ejercicio sistemático de estos procedimientos para su erradicación.
Los servidores públicos son la cara visible del Estado y mientras persistan estas prácticas las brechas en la construcción de una sociedad inclusiva serán un reto permanente para las organizaciones indígenas.
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